Nuestro sistema de justicia ha entrado en un laberinto del que necesita salir. Este problema debería ser el principal motivo de preocupación de toda la ciudadanía, sin distinción alguna de ideología y, por supuesto, de todos nuestros representantes políticos.
Después de la huelga de los letrados de la Administración de Justicia (LAJ), lo que se avecina con el anuncio de nuevos frentes de lucha abiertos por las reivindicaciones de otros colectivos, era previsible, pero no de ahora, sino desde hace muchos años.
Las reformas que, desde la transición a la democracia, han realizado los sucesivos gobiernos han sido notoriamente insuficientes y, en su mayor parte, muy mal planificadas, erráticas y peor ejecutadas.
De esta forma podemos llegar próximamente a un punto de no retorno: al colapso, lo que debemos evitar a toda costa.
Desde luego se puede conseguir, pero la fórmula para salir del punto en el que nos encontramos no es otra la del consenso responsable y la renuncia de los políticos a utilizar la justicia para sus intereses partidistas.
Nos indignamos, con razón, cuando se pone en entredicho la vigencia en España del principio de seguridad jurídica, puesto que es una afirmación que no corresponde a la realidad, pero no puede negarse que es urgente poner remedio a las múltiples carencias que empañan la eficiencia del sistema.
Lo que podemos hacer 